En los proyectos que llevamos a cabo con Enxeñería Sen Fronteiras en Honduras, no paramos de reflexionar sobre el papel que se debería pedir a las administraciones locales (alcaldías sobre todo), dado también por la propia legislación del país. La parte de «vigilancia» que desde algunos de nuestros socios hondureños piden al estado me parece muy deseable (control de calidad y otros), cosa que no han estado haciendo). Pero en última instancia yo creo que es papel de la administración asegurar temas como por ejemplo las infraestructuras.
Es importante no hacer recaer sobre la espalda de las comunidades más esfuerzo de aseguramiento del Derecho al Agua de lo debido, ya que se corre el riesgo de puentear administraciones que deberían ser protagonistas en asegurar ese derecho al agua. Sabemos que la debilidad de las Administraciones Públicas en Honduras hace que el aseguramiento del derecho al agua tenga que recaer más de lo que estamos habituados en las comunidades (no hace tanto en Galicia pasaba lo mismo, y aun hay zonas en que pasa, en que las Juntas Vecinales de Agua tienen gran importancia). Esta dejadez de funciones de las Administraciones (ya sea por falta de recursos, de conocimientos, por pereza, por corrupción o una mezcla de ellos) es un problema grave, porque temas como el equilibrio territorial y la solidaridad entre zonas más ricas con más empobrecidas (a través de, por ejemplo, impuestos), casi desaparecen. Por decirlo claramente, las comunidades tendrían que «buscarse la vida», sin importar su tamaño y el lugar donde estén (claramente en zonas de trópico seco están en una desventaja mucho mayor que en otras zonas). Los impuestos redistribuidos a través de quienes tienen la obligación de asegurar el derecho al agua (estado y municipios), así como la supervisión de la calidad (no para imponer multas, sino por un tema de salud pública), son herramientas clave para esta solidaridad interterritorial.
Son importantes para activar esto las acciones de apoyo a la movilización de las comunidades para exigir derechos a quienes deben asegurarlos, al mismo nivel (o incluso mayor) que las acciones que implican «fortalecerse para buscarse la vida ya que no podemos contar con la Administración Pública». La prevalencia de este último enfoque puede ser un parche para ir tirando (o una estrategia «interesada» para reducir el papel de las administraciones en la provisión de servicios básicos, como en algún caso se ha acusado a algunas organizaciones que promueven la gestión comunal del agua). Lo que está claro es que en última instancia no cambiarán las condiciones del país, y probablemente las organizaciones de la sociedad civil con interés en la defensa del Derecho al Agua deban apostar también por incidencia política a más nivel. Un ejemplo de esto en Honduras es la lucha por unas tarifas justas de electricidad a las Juntas de Agua, que no se está logrando (no tienen ninguna exención tarifaria, porque aunque sí se contempla, la burocracia es tal que la mayor parte de las juntas de agua no pueden afrontarla para solicitar esa reducción de tarifa).
El enfoque que está empezando a ser prioritario para Honduras de «veeduría social» pasa por apostar mucho por la incidencia, por hacer a las personas partícipes de que tienen derechos, a quién deben exigirlos y cómo, así como construir indicadores de transparencia para que las organizaciones de la sociedad civil y las propias administraciones puedan hacer seguimiento. Además probablemente en el caso del agua en Honduras sea necesaria una reestructuración de toda la parte de la administración central que se enfoca al agua de forma que sea entendible (que por su complejidad en ocasiones ni las distintas administraciones saben qué funciones y responsabilidades corresponden a cada ente de gestión del agua).
